El problema central
Perú lleva más de una década endureciendo las leyes contra el sicariato —desde los 25 años de pena mínima en 2015 hasta los 30 años y cadena perpetua aprobados en octubre de 2025— pero la violencia letal no cede. La tasa de homicidios subió de 7.4 por cada 100,000 habitantes en 2019 a 10.7 en 2025. El problema no está en las leyes; está en la capacidad del Estado para aplicarlas.
La brecha entre el discurso y la realidad
Aunque en los medios y la política casi todo homicidio con arma de fuego se llama «sicariato», las cifras institucionales cuentan otra historia. En 2025, la PNP registró solo 47 denuncias por sicariato frente a 1,811 por asesinato. En el Ministerio Público: 185 casos de sicariato vs. 2,208 por homicidio calificado. En el Poder Judicial: 17 sentencias por sicariato vs. 250 por asesinato. La razón es simple: probar sicariato exige demostrar el encargo, el pago y la cadena de intermediación. Eso requiere capacidades que el sistema hoy no tiene.
Por qué el sistema no puede procesar el sicariato como tal
Fiscales y jueces optan por tipificar los hechos como homicidio calificado porque es lo que pueden probar con la evidencia disponible. En un contexto de alta informalidad económica, pagos en efectivo y organizaciones criminales fragmentadas, reconstruir el «contrato criminal» es extremadamente difícil sin inteligencia financiera, análisis de comunicaciones y redes de colaboración eficaz.
El efecto perverso del populismo punitivo
Subir las penas en el papel genera la sensación de que «se está haciendo algo», pero no toca los cuellos de botella reales: investigación criminal débil, escaso control de comunicaciones desde penales, e inteligencia patrimonial insuficiente. El resultado es doble: impunidad real y desconfianza ciudadana.
Lo que sí funciona
El informe concluye que el sicariato se combate fortaleciendo la capacidad estatal, no inflando el Código Penal. Propone: unidades especializadas de investigación, integración de inteligencia financiera con la persecución penal, gobernanza penitenciaria seria, protección de testigos y análisis territorial de redes criminales.
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