La teoría de la ventana rota sostiene que el deterioro visible debilita el control social y facilita la expansión del delito. En el Perú, ese deterioro no es solo urbano: es institucional.
En criminología, la Teoría de la Ventana Rota sostiene que los signos visibles de abandono, como una ventana rota, basura acumulada, un poste sin luz, envían un mensaje claro: “aquí nadie cuida este lugar”. Ese mensaje, repetido y normalizado, erosiona el control social, debilita la confianza y abre espacio para que las conductas delictivas se expandan.
En el Perú, sin embargo, las ventanas rotas de la teoría no están en las calles, están en la política, están en las instituciones, están en la gobernabilidad.
Durante los últimos años, el país ha atravesado una secuencia de crisis que no solo ha deteriorado la estabilidad democrática, sino que ha generado un clima de abandono institucional que funciona, metafóricamente, como un barrio donde nadie repara nada. Y en ese contexto, la criminalidad, especialmente la violenta y la vinculada al crimen organizado, ha encontrado un terreno fértil para crecer. Repasemos cómo se fue preparando ese terreno.
Inestabilidad como variable estructural
El quiebre comenzó en 2018, cuando la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski reveló un juego de poder donde el Congreso podía forzar la salida del Ejecutivo. La vacancia de Martín Vizcarra en 2020, en plena pandemia, reforzó esa lectura: el equilibrio de poderes estaba roto.
A partir de allí, el país entró en una espiral:
- un gobierno transitorio sin capacidad de conducción,
- elecciones polarizadas en 2021,
- acusaciones de fraude sin sustento que minaron la legitimidad del ganador,
- un Ejecutivo debilitado desde el inicio,
- investigaciones por irregularidades,
- un intento fallido de golpe de Estado,
- y un nuevo gobierno de transición, el de Dina Boluarte, que enfrentó una escalada inédita de violencia criminal.
En paralelo, el Congreso, o mejor dicho El Pacto, aprobó normas cuestionadas por especialistas y operadores del sistema de justicia, señaladas como “procrimen” por sus efectos regresivos en la persecución penal.
La vacancia de Boluarte en 2025, tras el ataque armado al grupo musical Agua Marina, cerró un ciclo de inestabilidad que dejó al país con un nuevo presidente encargado, José Jerí, también envuelto en cuestionamientos por contrataciones y vínculos irregulares.
En este escenario, la criminalidad no solo creció: se normalizó como parte del paisaje cotidiano.
Evidencia: evolución del crimen violento
Los datos lo muestran con claridad. Durante el breve gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se produjo un hecho inédito en la historia reciente del país: la corrupción pasó a ser considerada, por la ciudadanía, como el principal problema del Perú, alcanzando un 59.7% en 2018, su máximo histórico hasta ese momento. En ese mismo año, la delincuencia se mantuvo como la segunda mayor preocupación, con un 44.4%.
Posteriormente, tras la renuncia de Kuczynski y la asunción de Martín Vizcarra, la percepción de la corrupción como principal problema volvió a romper récords en 2019, llegando al 61.6%. La delincuencia continuó ocupando el segundo lugar con un 41.5%.
Este escenario tuvo lugar en un contexto político especialmente complejo. Por primera vez desde el retorno a la democracia, la oposición en el Congreso obtuvo una bancada mayoritaria, con 73 de los 130 escaños, mientras que el oficialismo contaba apenas con 18. La diferencia entre la primera y segunda fuerza política en el Parlamento era de 53 congresistas.
La criminalidad crece, reflejando un vacío de autoridad política.
Actualmente, tanto la corrupción como la delincuencia siguen siendo las principales preocupaciones para la población. Según la última medición disponible del INEI (abril-setiembre 2025), el 59.3% de los ciudadanos identifica a la corrupción como el principal problema, lo que representa un incremento de 2.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (56.5%).
Por su parte, la delincuencia consolida su posición como la segunda mayor inquietud nacional, registrando un aumento significativo de 13.5 puntos porcentuales, al pasar de 40.0% en 2024 a 53.5% en 2025.
Si se observan los hechos concretos, las denuncias policiales permiten dimensionar el avance de la criminalidad. Los casos de extorsión reportados aumentaron de 4,727 en 2021 a 16,322 en 2022 y 22,655 en 2023. El 2025 cerró con 26,585 denuncias por este delito. Asimismo, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha mostrado un crecimiento sostenido: 8.6 en 2022, 9.3 en 2023, 10.1 en 2024 y 10.7 en 2025.
Este salto de la criminalidad violenta no puede entenderse únicamente como un fenómeno policial o urbano. Es, sobre todo, un fenómeno político.
Cuando las instituciones se enfrentan entre sí, cuando los gobiernos duran meses, cuando las reglas cambian según la coyuntura, cuando la clase política está más concentrada en disputas internas que en gobernar, el mensaje que recibe la ciudadanía (y también el crimen organizado) es el mismo que describe la teoría de la ventana rota: “aquí nadie está a cargo”.
Ese vacío de autoridad efectiva es una invitación para que grupos criminales ocupen el espacio que el Estado deja libre.
Las ventanas rotas no están en los barrios: están en el Estado
La teoría de Wilson y Kelling se centraba en el entorno físico. Pero su lógica puede extenderse al entorno institucional.
- Una vacancia presidencial sin consenso es una ventana rota.
- Un Congreso que legisla sin evidencia técnica es una ventana rota.
- Un Ejecutivo que cambia ministros en pocas semanas es una ventana rota.
- Un sistema de justicia debilitado por reformas improvisadas es una ventana rota.
- Un plan de seguridad anunciado, pero nunca implementado es una ventana rota.
Cada una de estas grietas transmite un mensaje de abandono. Y ese abandono, acumulado, erosiona la capacidad del Estado para ejercer control, coordinar políticas, sostener estrategias y enfrentar al crimen organizado.
En otras palabras: la criminalidad crece no porque falte limpieza urbana, sino porque falta limpieza política.
El riesgo de usar la teoría de la ventana rota sin mirar al Estado
Se ha mencionado mucho que, en el nuevo plan de seguridad ciudadana anunciado por el gobierno encargado, aparece la teoría de la ventana rota como marco conceptual. Pero aplicarla únicamente al espacio urbano es quedarse en la superficie del problema.
El problema central no es que las calles estén descuidadas. El problema es que las instituciones están descuidadas, incluso rotas.
Mientras la política siga produciendo ventanas rotas (vacancias, crisis, escándalos, normas improvisadas), cualquier estrategia de seguridad será reactiva, fragmentada y, en el mejor de los casos, insuficiente.
Conclusión: reparar la política para reparar la seguridad
Si el Perú quiere enfrentar seriamente la criminalidad violenta, necesita más que operativos policiales o intervenciones urbanas. Necesita reparar sus ventanas rotas institucionales:
- reconstruir la confianza en las reglas del juego,
- estabilizar la relación entre poderes del Estado,
- fortalecer la capacidad de gestión,
- y, sobre todo, una real lucha contra la corrupción.
Sin eso, cualquier plan de seguridad será como barrer una calle mientras el edificio entero se cae a pedazos.
La teoría de la ventana rota sigue siendo útil, pero solo si se mira donde realmente están las grietas: en la clase política del país.
